Una sentencia que fija en más de 13,3 millones de euros la indemnización por una hipoxia sufrida durante un parto en el Hospital de Sagunto (2019) ha reabierto un debate de gran alcance: la posible vuelta a la responsabilidad patrimonial directa del profesional sanitario público en vez de la Administración Pública Sanitaria.
Desde 1999, cuando un servicio público causa un daño, es la Administración quien debe responder ante el ciudadano. Solo puede reclamar posteriormente al profesional si existió dolo o negligencia grave. Sin embargo, en este caso fueron condenadas las aseguradoras privadas de la ginecóloga y la matrona, ya que el servicio valenciano de salud había optado por el autoaseguramiento.
La autora advierte de que esta vía podría convertir las pólizas particulares de los sanitarios en responsables de cualquier mala praxis pública, favoreciendo la medicina defensiva y la inseguridad profesional. Por ello, reclama que las Administraciones aseguren su responsabilidad patrimonial y que se apruebe un baremo específico de daños sanitarios, capaz de ofrecer indemnizaciones más previsibles, equitativas y rápidas. (redaccionmedica.com)