El Ministerio del Interior ha reactivado los contactos con varias comunidades autónomas para intentar desbloquear el traspaso de la sanidad penitenciaria, pendiente desde hace 23 años. La Ley 16/2003 establecía que estos servicios debían integrarse en los sistemas autonómicos de salud en un plazo de 18 meses, pero hasta ahora solo Cataluña, Euskadi y Navarra han asumido esta competencia.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha enviado cartas a los nuevos Gobiernos de Extremadura, Castilla y León y Aragón, y prepara otra para Andalucía, ofreciendo iniciar negociaciones y revisar los convenios vigentes. De momento, solo Extremadura ha confirmado la recepción.
El principal obstáculo continúa siendo económico. Varias autonomías consideran que el traspaso no cuenta con financiación suficiente, mientras Hacienda sostiene que las comunidades disponen de recursos récord. Para desbloquear la situación será necesaria la participación coordinada de las autonomías, Hacienda, Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Política Territorial. Redacción Médica.