Noticia publicada en Redacción Médica: La transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas continúa bloqueada más de veinte años después de que la ley ordenara su integración en los sistemas regionales de salud. Solo Euskadi, Navarra y Cataluña han asumido estas competencias, mientras el resto de las prisiones afrontan escasez de médicos, sobrecarga laboral y un uso creciente de la telemedicina.
El Gobierno central y las autonomías se atribuyen mutuamente la responsabilidad. Instituciones Penitenciarias asegura que existe voluntad política y acusa a los gobiernos regionales de no querer asumir el traspaso. Hacienda añade que las comunidades disponen de recursos económicos suficientes y que su gestión depende de ellas.
Las consejerías autonómicas, en cambio, sostienen que la propuesta estatal carece del personal, el presupuesto y los medios necesarios. Algunas exigen que el Estado cubra primero las vacantes y salde sus obligaciones económicas.
Mientras continúa el desacuerdo institucional, los profesionales alertan de que la falta de relevo generacional amenaza una atención sanitaria penitenciaria equitativa y continuada.