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La nueva versión del Real Decreto de Formación Sanitaria introduce cambios relevantes en la relación laboral especial de los residentes. El texto incorpora el derecho a conocer con antelación suficiente la distribución de la jornada, con el objetivo de facilitar la planificación personal y la conciliación. También regula el régimen de incompatibilidades, permitiendo actividades literarias, artísticas, científicas o técnicas siempre que no tengan carácter profesional, no interfieran en la formación y cuenten con autorización. Uno de los puntos centrales es la jornada laboral: se fijan descansos mínimos, se limita la guardia a 17 horas y se establece, con carácter general, un máximo de cuatro guardias mensuales o 68 horas, aunque podrá añadirse una guardia excepcional con garantías. Además, la jornada total no deberá superar las 45 horas semanales de promedio trimestral. La norma también actualiza las retribuciones, garantiza complementos en situaciones como incapacidad temporal o nacimiento y cuidado de menor, e introduce evaluaciones bienales de riesgos psicosociales para proteger la salud de los residentes.
La noticia recoge la reclamación de un trabajador guipuzcoano que solicitó a la Seguridad Social una incapacidad permanente tras romper con su pareja que le provocó un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión. El hombre, técnico comercial durante más de veinte años, alegaba que la situación le generaba tristeza, rabia y frustración, afectando a su concentración, organización y capacidad para afrontar las exigencias de su profesión. Tras ser despedido por ineptitud sobrevenida en mayo de 2025, pidió una pensión calculada sobre una base reguladora de 3.673 euros mensuales. Sin embargo, tanto el INSS como los tribunales rechazaron su petición. El TSJ del País Vasco entendió que, aunque existía malestar psicológico, no se habían visto afectadas sus capacidades superiores, cognitivas o volitivas. La sentencia recuerda que para reconocer una incapacidad permanente no basta el sufrimiento ni el diagnóstico, sino una limitación laboral objetiva, grave y duradera. ( diariovasco y larazon.es)
El estudio analiza la posible relación entre las conmociones cerebrales documentadas y los arrestos policiales en jugadores de fútbol americano. Parte de una premisa conocida: las lesiones en la cabeza pueden afectar a la regulación neuroconductual y asociarse con mayor impulsividad o agresividad. Para explorarlo, los autores utilizaron datos públicos de 6.201 jugadores que disputaron al menos un partido entre 2010 y 2020, cruzando las conmociones registradas en ese periodo con arrestos ocurridos entre 2010 y 2024. En los análisis iniciales, los jugadores con antecedentes documentados de conmoción cerebral presentaban más probabilidades de haber sido arrestados que quienes no tenían ese historial. En el caso de arrestos violentos, la tendencia fue similar, aunque sin alcanzar significación estadística. Los autores subrayan que se trata de una evidencia preliminar y la asociación no permite establecer causalidad. Aun así, los resultados justifican seguir investigando esta relación. Comentado en PsyPost
Esta guía forma parte del programa de prevención de embarazos, acordado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cuyo objetivo es evitar la exposición al topiramato durante el embarazo. Esta guía está dirigida tanto a los médicos especialistas implicados en el tratamiento de la epilepsia y de la migraña, como a médicos de atención primaria, ginecólogos y farmacéuticos.
La incapacidad temporal se ha consolidado como uno de los grandes retos económicos, sanitarios y sociales en España. Según el informe presentado por la Fundación Economía y Salud, el gasto por contingencias comunes alcanzó en 2025 los 33.000 millones de euros, un 14% más que el año anterior y más de un 60% por encima de la cifra de hace una década. El documento advierte de que el problema no puede reducirse al coste económico. La IT afecta a la eficiencia del sistema sanitario, a la organización de las empresas, a las relaciones laborales y a la confianza institucional. Por ello, propone una reforma estructural basada en la coordinación entre administraciones, sanidad, mutuas, servicios de prevención, empresas y trabajadores. El informe defiende abandonar una gestión fragmentada y avanzar hacia un modelo integrado, flexible y corresponsable, capaz de proteger la salud sin cronificar las bajas. También plantea digitalización, unidades especializadas, interoperabilidad de datos y una cultura preventiva que conecte mejor salud y trabajo.
El absentismo laboral en España cerró 2025 en máximos históricos, con una tasa del 7,68%, 0,42 puntos más que el año anterior. Según el Indicador adelantado del XV Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo, cada día faltan a su puesto entre 1,6 y 1,7 millones de personas, de las que 1,27 millones están de baja médica por incapacidad temporal. El cuarto trimestre marcó además el mayor registro de la serie, con un 7,88%. El crecimiento se explica casi por completo por el aumento de las bajas por incapacidad temporal, vinculadas al envejecimiento de la población activa, los problemas de salud mental y la mayor duración de los procesos médicos. Industria y servicios son los sectores más afectados, con especial incidencia en actividades como correos. El informe advierte de que el absentismo ya no puede verse como un dato administrativo, sino como un reto estructural que afecta a productividad, costes, organización del trabajo y salud laboral.
La reforma del copago farmacéutico, ya convalidada por el Congreso, sigue pendiente de aplicación efectiva hasta que se actualicen los datos fiscales de los usuarios tras la campaña de la renta. El nuevo modelo, impulsado por Sanidad y Hacienda, busca hacer más progresiva la aportación de los pacientes, ampliando los tramos según renta y fijando topes mensuales para las rentas más bajas. Sin embargo, el cambio no será solo administrativo. Desde las farmacias advierten de que el verdadero reto llegará en el mostrador. Los profesionales deberán adaptar sus programas informáticos y, sobre todo, explicar a cada paciente por qué cambia su aportación, ya sea al alza o a la baja. Jaime Arnaiz Rebollo, farmacéutico en Madrid, anticipa que será “complicado” hacer entender el nuevo sistema y resolver las dudas o conflictos que puedan surgir. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos valora la mejora de equidad, pero subraya el esfuerzo técnico y pedagógico que exigirá a las oficinas de farmacia.
El Ministerio de Trabajo estudia nuevas fórmulas para mejorar la gestión de las bajas médicas y, en este contexto, la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo plantea la creación de Unidades de Salud Temporal. La propuesta busca dar respuesta a un sistema de incapacidad temporal que, según los especialistas, necesita más coordinación, agilidad y conocimiento real del puesto de trabajo. Juan Carlos Rueda, presidente de la Semst, defiende que estas unidades permitirían una relación más fluida entre los servicios públicos que gestionan las bajas, la inspección médica, los servicios de prevención y los médicos del Trabajo, profesionales que conocen mejor las condiciones concretas de cada empleo. La idea no es solo controlar la duración de las bajas, sino valorar con más precisión cuándo y cómo puede reincorporarse una persona trabajadora. El objetivo sería evitar prolongaciones innecesarias, mejorar el seguimiento clínico-laboral y favorecer retornos seguros, adaptados tanto al estado de salud como a las exigencias del puesto. ( redaccionmedica.com )
España condena las agresiones a médicos con un mapa sancionador desigual . Siete comunidades autónomas cuentan ya con un régimen específico para castigar a quienes agreden a profesionales sanitarios, con multas que pueden ir desde los 600 hasta los 600.000 euros, aunque las cuantías y la aplicación práctica varían mucho según el territorio. Castilla y León, Cantabria y Castilla-La Mancha suman 487 resoluciones sancionadoras. Castilla y León ha dictado 297 desde la implantación de su sistema, en su mayoría por infracciones leves. Cantabria empezó a sancionar en 2022 y ha ido aumentando expedientes, con multas leves y graves. Castilla-La Mancha, por su parte, ha abierto 47 expedientes entre 2021 y 2025, algunos por faltas muy graves. Navarra, Galicia, La Rioja y Murcia también han desarrollado mecanismos propios, mientras Cataluña y Comunidad Valenciana los están tramitando. En cambio, Madrid, País Vasco y Extremadura recurren a otros instrumentos, como protocolos, registros o el Código Penal, lo que evidencia una protección todavía fragmentada.
El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de un conductor condenado por atropellar mortalmente a un ciclista en Alcázar de San Juan en 2016 y abandonar el lugar sin prestarle ayuda. El acusado circulaba bajo los efectos del alcohol cuando impactó contra la parte trasera de la bicicleta. Pese a ser consciente del atropello, continuó la marcha para evitar ser descubierto, sin comprobar el estado de la víctima ni si recibía asistencia. La sentencia reduce la condena de seis años y medio a tres años de prisión, al excluir el delito de omisión del deber de socorro. La Sala entiende que, al haberse producido la muerte de forma prácticamente inmediata al golpe —o, como máximo, en los veinte minutos posteriores—, no puede afirmarse que el ciclista estuviera en una situación de desamparo y peligro grave susceptible de ser auxiliada. Ante la duda, el Supremo aplica el criterio más favorable al reo. No obstante, la resolución incluye un voto particular discrepante. El magistrado Leopoldo Puente sostiene que el conductor debió ser condenado por omisión de socorro en grado de tentativa, ya que huyó sin saber si la víctima seguía viva.
