Los antidepresivos y la psicoterapia psicodinámica breve (PPB) se utilizan con frecuencia para tratar la depresión, pero no está claro cuál es la más eficaz para cada paciente. En esta revisión sistemática y metaanálisis de datos individuales de participantes (DIP) examinó la eficacia y los factores moderadores de los antidepresivos frente a la PPB para la depresión en adultos. Resultados: tras el tratamiento, los antidepresivos fueron ligeramente más eficaces que la PPB en cuanto a los niveles de síntomas depresivos, pero no se observaron diferencias significativas en el seguimiento ni en la depresión autoinformada ni en ninguno de los resultados secundarios tras el tratamiento. Se encontró que la gravedad de la depresión basal moderaba los resultados posteriores al tratamiento, de modo que los antidepresivos fueron más eficaces que la PPB para los participantes con niveles de gravedad más altos que para aquellos con menor gravedad basal. Este es el primer estudio que examina los moderadores en ensayos que comparan antidepresivos y PPB. Los hallazgos sugieren que la gravedad basal podría ser un factor a considerar al elegir entre estos tratamientos. Sin embargo, este hallazgo es observacional y requiere validación en estudios futuros antes de que pueda utilizarse para orientar la selección del tratamiento para la depresión. Los hallazgos de este estudio sugieren que las personas con depresión y sus clínicos podrían esperar mejoras similares en la depresión, la ansiedad, la psicopatología general y la salud general, según el autoinforme, tras el tratamiento con antidepresivos y psicoterapia psicodinámica breve (PPB), y mejoras ligeramente mayores en la depresión evaluada por observadores al finalizar el tratamiento con antidepresivos en comparación con la PPB. Para quienes presentan niveles de depresión basal relativamente altos, los antidepresivos podrían generar mayores mejoras en los niveles de síntomas depresivos posteriores al tratamiento en comparación con la PPB. Sin embargo, estos hallazgos se basan en una muestra de tamaño moderado, compuesta principalmente por mujeres de mediana edad procedentes de países de ingresos medios a altos. Comentado en Psypost.

La estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) es un tratamiento cada vez más utilizado para la depresión resistente, aunque hasta ahora se conocía poco sobre los mecanismos cerebrales responsables de sus efectos. En este estudio preclínico publicado en la revista Cell , los investigadores desarrollaron un modelo experimental en ratones sometidos a estrés crónico y estimularon el cerebro de forma comparable a los tratamientos en humanos mediante EMTr acelerada con ráfagas theta intermitentes (aiTBS), una versión avanzada de EMT dirigida a la corteza prefrontal que comprime un tratamiento típico de 6 semanas a solo 5 días y tiene el potencial de aliviar los síntomas de la depresión con rapidez. Los resultados mostraron que la estimulación no actúa de forma uniforme sobre todas las neuronas de la corteza prefrontal. Su efecto se concentra en un grupo concreto, las neuronas intratelencefálicas (IT), cuya actividad aumenta de forma mantenida tras el tratamiento. Además, la aiTBS revierte la pérdida de espinas dendríticas —estructuras esenciales para la comunicación entre neuronas— causada por el estrés crónico, pero únicamente en este tipo celular. Cuando los investigadores bloquearon experimentalmente la actividad de estas neuronas, el efecto antidepresivo desapareció, lo que demuestra que desempeñan un papel esencial en la respuesta terapéutica. Estos hallazgos ayudan a explicar cómo la estimulación magnética produce una mejoría rápida de la depresión y abren la posibilidad de diseñar tratamientos más precisos, dirigidos a circuitos neuronales específicos, con el objetivo de aumentar su eficacia y prolongar sus beneficios clínicos. Comentado en Diario Médico

Artículo de opinión del abogado Ricardo de Lorenzo, experto en derecho sanitario sobre la movilidad forzosa de médicos para atender áreas de difícil cobertura. La escasez de médicos, especialmente en las zonas rurales, está llevando a varias comunidades autónomas a impulsar reformas organizativas que faciliten el desplazamiento de profesionales para cubrir necesidades asistenciales. Navarra, Asturias y Aragón ya han planteado o puesto en marcha medidas que amplían las áreas sanitarias, permiten compartir recursos entre distintos sectores y, en la práctica, abren la puerta a la denominada movilidad forzosa de los facultativos. Esta posibilidad ha suscitado un intenso debate jurídico y profesional. Aunque la legislación contempla mecanismos excepcionales que permiten a la Administración reorganizar efectivos para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria, su aplicación debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y motivación, además de las garantías previstas en la normativa de función pública y en los estatutos del personal sanitario. Cuando estas medidas se acompañan de pactos consensuados con la representación sindical, suelen superar el control judicial. Sin embargo, cuando se emplean de forma unilateral para cubrir déficits estructurales de plantilla, la litigiosidad se dispara y los tribunales tienden a anularlas. El artículo pone de relieve que el conflicto no radica únicamente en la existencia de cobertura legal, sino en los límites de su utilización. La movilidad puede ser una herramienta legítima para afrontar situaciones de déficit asistencial, pero su uso indiscriminado podría generar inseguridad jurídica, afectar a los derechos laborales de los profesionales y aumentar el malestar en un sistema sanitario ya tensionado por la falta de especialistas. ( Redacción Médica )

El objetivo de este estudio fue realizar una revisión sistemática de la prevalencia del trastorno depresivo mayor (TDM) durante el periodo periparto para evaluar las fuentes de heterogeneidad de los datos y las tendencias de prevalencia durante el embarazo y el posparto. Resultados: La prevalencia del TDM durante el período periparto fue más alta durante las primeras 2 semanas posparto y se mantuvo significativamente elevada durante todo el año posparto en comparación con el embarazo. Después de ajustar por cambios durante el período periparto y sesgos debidos a errores de medición, la prevalencia general del TDM fue del 6,2% en cualquier momento durante el embarazo y del 6,8% en cualquier momento durante el año posparto. La prevalencia fue más alta en el sur de África subsahariana, oscilando entre el 15,6% durante el embarazo y el 16,6% durante el año posparto; y en el sur de Asia, oscilando entre el 13,7% durante el embarazo y el 14,6% durante el año posparto. La prevalencia fue más baja en Asia Pacífico de altos ingresos, oscilando entre el 3,1% durante el embarazo y el 3,3% durante el año posparto. Conclusiones: la prevalencia del TDM fue elevada durante todo el periodo periparto, alcanzando su punto máximo dos semanas después del parto. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una mayor integración de la detección, la prevención y el tratamiento del TDM durante el periodo periparto en los modelos de atención existentes.

Artículo de opinión de Francesc José María, vicepresidente de la Comisión de la Eutanasia de Cataluña, acerca de la reciente decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el cambio relevante que supone la aplicación de la ley de eutanasia al reconocer que determinadas personas con una “vinculación particularmente estrecha” con el solicitante pueden recurrir judicialmente la autorización de la prestación de ayuda para morir. Esta doctrina, adoptada por una amplia mayoría (23 magistrados frente a 9), introduce la posibilidad de que familiares o personas del entorno afectivo cuestionen una decisión tomada por un paciente mayor de edad, plenamente capaz y que cumple todos los requisitos legales y clínicos exigidos. Aunque el procedimiento español incorpora múltiples garantías para asegurar que la solicitud es libre, voluntaria y exenta de presiones, la sentencia abre un debate sobre el equilibrio entre la protección de la legalidad y el respeto a la autonomía personal. Además, el concepto de “vinculación particularmente estrecha”, al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, deja en manos de los jueces la valoración de cada caso, lo que puede generar incertidumbre jurídica y reavivar el debate ético sobre los límites de la intervención de terceros en decisiones profundamente personales.( Diario Médico )

La psiquiatría no solo tiene la responsabilidad de tratar los trastornos mentales, sino también de proteger las condiciones sociales que hacen posible la salud mental. Esta es la idea central del artículo, que sostiene que el bienestar psicológico depende de una democracia sólida, capaz de garantizar derechos, confianza institucional, participación ciudadana y respeto por la dignidad humana. Cuando estos pilares se debilitan, aumentan la polarización, la desinformación, el miedo y la desconfianza, factores que repercuten negativamente en la salud de las personas y las comunidades. Los autores defienden que los profesionales de la salud mental no pueden mantenerse al margen de estos procesos. La tradición ética de la medicina obliga a promover las condiciones que favorecen el bienestar colectivo y a denunciar aquellas dinámicas sociales y políticas que generan sufrimiento o amplían las desigualdades. En este sentido, la psiquiatría debe implicarse en la defensa de los derechos humanos, la equidad, la inclusión social y el acceso universal a la atención sanitaria, evitando al mismo tiempo cualquier utilización política o partidista de la profesión. El artículo concluye que la salud de la democracia y la salud mental son inseparables. Fortalecer instituciones democráticas, fomentar la confianza social y proteger las libertades fundamentales constituye también una estrategia de prevención en salud mental. Por ello, la psiquiatría está llamada a desempeñar un papel activo como defensora del bienestar colectivo y de una sociedad más justa y resiliente. ( Psychiatry Online )

El envejecimiento también afecta a los médicos, pero determinar cuándo los cambios cognitivos comprometen la práctica clínica sigue siendo un asunto complejo. Este es el eje del debate planteado por expertos reunidos en un panel de la Asociación Americana de Psiquiatría Geriátrica, quienes analizaron si deberían implantarse evaluaciones cognitivas obligatorias para los facultativos de mayor edad. Quienes apoyan esta medida sostienen que el deterioro cognitivo puede influir en el juicio clínico, la memoria o la velocidad de procesamiento, con posibles repercusiones para la seguridad del paciente. En cambio, sus detractores advierten de que establecer un límite de edad para realizar pruebas puede resultar discriminatorio, ya que existe una gran variabilidad entre individuos y no todos los médicos envejecen de la misma manera. Además, las pruebas cognitivas aisladas no siempre predicen el desempeño profesional real. Los especialistas coincidieron en que la competencia profesional debería evaluarse de forma integral, considerando el rendimiento clínico, la salud, la experiencia y el contexto laboral, más que basándose únicamente en la edad cronológica. El objetivo es proteger a los pacientes sin perder el valioso conocimiento y la experiencia que aportan muchos médicos veteranos. ( Psychiatry Online )

Aunque muchos de los errores médicos que perjudican a los pacientes se deben a factores sistémicos, algunos de estos incidentes son atribuibles al criterio y acciones individuales del médico. Diversos factores pueden afectar a la actividad del médico, como las alteraciones de salud mental, el alcoholismo, el consumo de drogas y la falta de mantenimiento de la competencia técnica. Muchos estados (USA) cuentan con leyes de notificación obligatoria que exigen a los médicos y otros profesionales de la salud informar a las autoridades competentes sobre aquellos médicos cuya capacidad para ejercer la medicina se vea afectada por el consumo de alcohol o drogas, o por enfermedades físicas o mentales. La Asociación Médica Estadounidense (AMA), la Carta sobre Profesionalismo Médico y la Federación Europea de Medicina Interna van más allá, afirmando que los médicos tienen la obligación ética de informar y se espera que participen en el proceso de autorregulación. En este artículo se presenta el análisis de una amplia encuesta nacional a médicos que examina (1) las creencias sobre el compromiso con la autorregulación a través de la denuncia de colegas significativamente incapacitados o incompetentes, (2) la disposición para denunciar, (3) las experiencias personales con estas situaciones difíciles y (4) las acciones tomadas cuando se enfrentan a colegas incapacitados o incompetentes Conclusiones En general, los médicos apoyan el compromiso profesional de informar a la autoridad competente sobre todos los casos de colegas con problemas de conducta o incompetentes en su práctica médica; sin embargo, cuando se enfrentan a estas situaciones, muchos no lo hacen (entre los médicos que tenían conocimiento de colegas con deterioro cognitivo en su lugar de trabajo, solo alrededor de dos tercios lo reportaron). Este estudio pone en tela de juicio la voluntad y la capacidad de los médicos para identificar y denunciar a colegas cuya capacidad para ejercer la medicina se ve afectada por el consumo de alcohol o drogas, o por enfermedades físicas o mentales, así como a aquellos incompetentes para ejercer debido a deficiencias en conocimientos y habilidades. Estos hallazgos sugieren, además, que un gran número de médicos en ejercicio no apoya el proceso actual de autorregulación: se utiliza poco y parece tener varias deficiencias importantes, incluida una percepción de falta de anonimato y eficacia. Todos los profesionales de la salud, desde los líderes administrativos hasta quienes brindan atención clínica, deben comprender la urgencia de prevenir que colegas con facultades disminuidas o incompetentes perjudiquen a los pacientes y la necesidad de ayudar a estos médicos a afrontar y resolver sus problemas. El sistema de denuncia debe facilitar, en lugar de impedir, este proceso. La dependencia del proceso actual conlleva que los pacientes se expongan a niveles inaceptables de riesgo y que los médicos con facultades disminuidas o incompetentes posiblemente no reciban la ayuda que necesitan.

El uso de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), empleados principalmente para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, podría asociarse con efectos conductuales que van más allá del control metabólico. En este estudio, los autores exploraron si estos fármacos modifican la relación entre dos factores bien conocidos de riesgo para la violencia —la impulsividad y el consumo de alcohol— y la comisión de delitos violentos en adultos estadounidenses. A partir de una encuesta nacional realizada a 7.521 adultos, el análisis se centró en 821 personas que habían utilizado medicamentos GLP-1. Los resultados mostraron que, aunque la impulsividad y el consumo de alcohol seguían relacionándose con una mayor probabilidad de conductas violentas, esta asociación era significativamente más débil entre quienes estaban utilizando estos tratamientos en el momento del estudio. En concreto, la relación entre impulsividad y violencia fue aproximadamente un 62 % menor, mientras que la asociación entre alcohol y violencia se redujo alrededor de un 52 %, aunque este último hallazgo fue menos consistente en algunos análisis. ( EurekAlert! ) Los autores subrayan que, al tratarse de un estudio observacional y transversal, no puede establecerse una relación causal. Sin embargo, plantean la hipótesis de que los agonistas GLP-1 podrían disminuir la probabilidad de que un impulso agresivo llegue a traducirse en una conducta violenta. Estos hallazgos abren una nueva línea de investigación sobre los posibles efectos neuroconductuales de estos fármacos y su eventual interés para la prevención de la violencia, aunque serán necesarios estudios longitudinales y ensayos clínicos que confirmen estos resultados. ( Criminology ) Noticia comentada en El País