Estimados compañeros/as, ya estamos preparando el próximo Congreso Nacional de la SEPL, que como sabéis la sede será en Vitoria, los días 14-16 de mayo de 2026. Por dificultades en la web actual de la SEPL hemos creado para este congreso una web paralela que acoja toda la información relativa al congreso (programa, inscripciones, alojamiento y participación mediante póster). Es decir, para cualquier información relacionada con el congreso 2026, tendrás que dirigirte y consultar en esta nueva Web El enlace de contacto con esta nueva Web del congreso Vitoria 2026 es: https://psiquiatrialegal2026.com/ Disculpad las molestias. Falta terminar el programa del congreso que lo publicaremos en los próximos días. ¡Nos vemos!

El artículo examina si la atención de afirmación de género (AAG) constituye un ejemplo contemporáneo de politización de la psiquiatría. La autora plantea que, aunque AAG se presenta como un tratamiento médicamente necesario para personas trans, la evidencia científica que lo respalda es limitada y metodológicamente débil. Además, se señalan riesgos potenciales asociados, como infertilidad, disfunción sexual y efectos adversos a largo plazo. Resumen del artículo Objetivo: Fomentar el debate sobre si la atención afirmativa de género es una política gubernamental impuesta a los psiquiatras en las primeras décadas del siglo XXI. Conclusión: La atención afirmativa de género (AAG) es un enfoque de tratamiento altamente controvertido para menores con malestar de género. La AAG posee varias características únicas que potencialmente la definen como un movimiento político más que como una intervención sanitaria, entre ellas: su disponibilidad en función de la política gubernamental en lugar de la evidencia científica; la presión percibida sobre los profesionales clínicos para implementar la AAG; el uso obligatorio de símbolos visuales y lenguaje para señalar la adhesión al modelo en el ámbito laboral; y la participación de organizaciones activistas en la orientación de su implementación en los servicios de salud. La AAG se alinea con ejemplos históricos de politización de la psiquiatría al proporcionar una fachada para que los gobiernos implementen una agenda política impopular sin recurrir abiertamente a formas manifiestas de autoritarismo. Disfrazar la AAG como un tratamiento psiquiátrico logró obstaculizar el debate público al sugerir que los psiquiatras poseen un grado de conocimiento médico sobre el malestar de género del que carece la población. Los profesionales clínicos disidentes de la atención de afirmación de género (AAG) se enfrentan a presiones sociales y temen riesgos para su empleo y su registro médico. Dos sentencias recientes del Tribunal de Familia en Australia demuestran aún más los mecanismos por los cuales la AAG se mantiene vigente gracias a los profesionales clínicos activistas apoyados por una agenda gubernamental. En resumen, el artículo sostiene que la implementación de AAG no responde únicamente a criterios médicos, sino que incorpora componentes políticos que afectan la autonomía profesional y reducen el espacio para el debate científico. La autora propone una discusión crítica sobre si estas políticas se ajustan a los principios éticos y científicos de la psiquiatría o si representan una nueva forma de su instrumentalización.

Desde 2024–2025, siete comunidades autónomas (Baleares, Navarra, La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña) han comenzado a contratar psicólogos sin PIR (Psicólogo Interno Residente) en Atención Primaria, basándose en el Máster Sanitario General Único o mediante decreto propio. En contraste, ocho comunidades han descartado esta vía (Comunidad de Madrid, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Murcia y Extremadura) y exigen psicólogos con PIR para Atención Primaria, argumentando cumplimiento legal. Este panorama revela una fragmentación autonómica, sin correlación con el signo político de los gobiernos : tanto regiones gobernadas por PP como por PSOE se alinean en ambos bandos. En resumen, la incorporación de psicólogos sin PIR en Atención Primaria ha generando una disputa entre impulsores —que alegan falta de profesionales y apoyo institucional— y detractores —que advierten de ilegalidad, desprofesionalización y debilidad del modelo clínico. La disparidad autonómica —sin vínculo claro con orientación política— refleja un país dividido sobre la aplicación del PIR, marcado por tensiones sociales, jurídicas y asistenciales.

EEUU ha otorgado la patente a Laguna Diagnostics por un innovador test de sangre rápido capaz de distinguir entre esquizofrenia y trastorno bipolar. La tecnología se basa en un panel de 18 biomarcadores de ARN mensajero (mRNA), validado previamente en un estudio de 2018 en Molecular Neuropsychiatry, con una precisión diagnóstica del 88 al 96 %. Comparando patrones de expresión génica de pacientes con esquizofrenia, con trastorno bipolar y controles sanos, el test analiza, mediante un proceso en cuatro etapas, la expresión de estos genes y calcula la probabilidad estadística de cada diagnóstico. El artículo destaca un testimonio de la madre de una paciente, quien describe cómo casi tres décadas de diagnósticos erróneos y tratamientos inapropiados podrían haberse evitado si hubiera existido un test similar, y subraya el impacto potencial en la calidad de vida de pacientes y familias.

El estudio analiza si las recaídas en esquizofrenia y psicosis recurrente afectan negativamente a la evolución clínica y social . Partiendo de la idea tradicional de que prevenir recaídas es esencial para evitar deterioro, los autores realizaron un ensayo de 24 meses con 253 participantes, comparando quienes recayeron frente a quienes no. La recaída se definió como hospitalización o empeoramiento clínico significativo. Resultados: aunque un 32 % experimentó recaídas, no se observaron diferencias significativas en síntomas (medidos por PANSS), funcionamiento social ni calidad de vida al cabo de 2 años. Incluso en casos graves con hospitalización, los hallazgos se mantuvieron. Fue más probable que, en comparación con quienes no recayeron, experimentaran un cambio en su situación laboral (principalmente abandono del empleo, la educación o la formación), si bien el número de cambios de situación fue reducido. Estos resultados cuestionan la creencia de que cada recaída implica un deterioro acumulativo. Si bien el estudio original también mostró que reducir dosis de medicación aumenta el riesgo de recaídas, los datos sugieren que estas no conllevan necesariamente un peor pronóstico funcional o clínico en el corto plazo. Los autores subrayan que la trayectoria de la enfermedad es heterogénea: algunos pacientes no responden al tratamiento, otros tienen un curso único, y la tolerancia a la recaída varía. No se decarta que la recaída sea perjudicial para el pronóstico en las primeras etapas de la enfermedad, como sugiere la hipótesis de los "períodos críticos". Dado que este estudio incluyó principalmente a personas con afecciones crónicas, sus resultados podrían no ser consistentes con los resultados de estudios que han evaluado las consecuencias de la recaída en personas con un primer episodio. Asimismo, cabe recordar que la evidencia de la ausencia de consecuencias adversas en un episodio de exacerbación psicótica proviene en gran medida de estudios, como este, donde la recaída se trató generalmente mediante la continuación o la reanudación de la medicación antipsicótica. Si bien las recaídas tienen un impacto duradero, aún no se sabe con certeza en qué consiste el mecanismo. Aunque se ha propuesto un proceso biológico patológico, estos hallazgos resaltan que el mecanismo también podría ser social, como por ejemplo, a través de la desestabilización causada por la pérdida del empleo.

En mayo de 2021, B.M. fue ingresado de manera urgente y contra su voluntad en un centro psiquiátrico en España. Durante este proceso, no se le garantizó la asistencia letrada que había solicitado desde el primer momento, ni fue escuchado personalmente por el juez antes de autorizar su internamiento. Esta situación ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a condenar a España por vulnerar derechos fundamentales, como la libertad y la seguridad personal, imponiendo al Estado una indemnización de 5.000 euros por los daños morales ocasionados. La sentencia del TEDH no solo reconoce la violación de derechos en este caso concreto, sino que plantea un cambio legislativo profundo. El tribunal subraya que cualquier persona sometida a un ingreso psiquiátrico involuntario debe contar con asistencia legal efectiva desde el inicio, sin necesidad de solicitarla expresamente. Según el dictamen, la gravedad de lo que está en juego y la naturaleza de la enfermedad mental hacen imprescindible esta garantía, incluso cuando la privación de libertad se ajuste a la normativa nacional. El abogado del afectado, Sanz de Bremond, destaca que esta resolución abre un debate largamente esperado: equiparar la protección jurídica de los pacientes internados forzosamente con la de las personas detenidas. Para el TEDH, la defensa letrada debe ser la regla general, no una excepción condicionada a la petición del interesado. Esta postura implica que la legislación española debe adaptarse para asegurar que los internamientos urgentes en hospitales psiquiátricos respeten todas las garantías procesales. En definitiva, el fallo de Estrasburgo marca un precedente importante en la protección de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental y refuerza la idea de que la privación de libertad, incluso por motivos terapéuticos, exige un control judicial riguroso y la presencia de un abogado desde el primer momento.

Tras la liberación de una detención preventiva, el riesgo de suicidio aumenta de manera alarmante, especialmente en las primeras semanas posteriores a su liberación. Este estudio analiza la efectividad de la planificación de seguridad (Safety Planning Intervention, SPI) frente a la atención estándar en la prevención del suicidio entre personas liberadas tras una detención preventiva en prisión. Para comprobarlo, se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado con adultos que habían estado en prisión preventiva y presentaban riesgo suicida. Los participantes se dividieron en dos grupos: uno recibió la intervención SPI, que consiste en diseñar un plan personalizado para afrontar crisis, identificar señales de alerta, aplicar estrategias de afrontamiento y establecer contactos de apoyo; el otro grupo recibió la atención habitual, basada en derivaciones sin un plan estructurado. Durante seis meses se evaluaron intentos de suicidio, ideación suicida y conexión con servicios de salud mental. Los resultados fueron claros: quienes contaron con un plan de seguridad tuvieron menos intentos de suicidio y mostraron mayor vinculación con recursos comunitarios. Además, la ideación suicida se redujo significativamente en comparación con el grupo de atención estándar. Un aspecto relevante es que la implementación del SPI resultó factible en entornos carcelarios y no requirió grandes recursos, lo que lo convierte en una estrategia escalable. El estudio concluye que incorporar la planificación de seguridad en protocolos de transición tras la liberación puede salvar vidas. Esta intervención proactiva y personalizada responde a una necesidad urgente en el sistema de justicia penal: ofrecer herramientas concretas para reducir el riesgo suicida en una población altamente vulnerable. En definitiva, el SPI no solo mejora la conexión con servicios de salud mental, sino que también proporciona un marco práctico para afrontar momentos críticos, reforzando la prevención del suicidio en un periodo de máximo riesgo.

El estudio, publicado en JAMA Network Open, explora cómo los patrones de uso del smartphone durante la noche pueden anticipar el riesgo de ideación suicida al día siguiente. La investigación parte de una pregunta clave: ¿es el tipo de interacción con el dispositivo —pasiva o activa— más relevante que la cantidad total de tiempo frente a la pantalla? Para responder, los autores reclutaron a 79 adultos con historial reciente de ideación o conductas suicidas. Durante 28 días, se recogieron datos de alta resolución mediante capturas de pantalla cada cinco segundos, acumulando más de 7,5 millones de imágenes. Paralelamente, los participantes completaron seis encuestas diarias que evaluaban ideación pasiva, activa y planificación suicida. El análisis se centró en tres indicadores: el intervalo más largo sin uso entre las 20:00 y las 10:00, el uso dentro de las ventanas de sueño autorreportadas y la actividad por hora en tres franjas críticas: tarde (23:00–1:00), medianoche (1:00–5:00) y madrugada (5:00–8:00). Además, se distinguió entre uso pasivo (consumo de contenido) y activo (interacción mediante teclado), empleando un modelo de visión artificial para detectar escritura. Los hallazgos son reveladores. El uso pasivo entre las 23:00 y la 1:00 se asoció con mayor probabilidad de ideación suicida y planificación al día siguiente. En contraste, el uso activo entre la 1:00 y las 5:00 mostró un efecto protector, sugiriendo que actividades como mensajería pueden funcionar como estrategias de afrontamiento o conexión social. Otro resultado importante fue que los intervalos prolongados sin uso —especialmente de 7 a 9 horas— se vincularon con menor riesgo, mientras que las pausas más cortas (4 a 7 horas) se asociaron con mayor vulnerabilidad. Estas asociaciones se mantuvieron incluso controlando por el tiempo total de pantalla, lo que indica que el momento y la naturaleza del uso son más determinantes que la cantidad. El estudio plantea interpretaciones interesantes: el consumo pasivo nocturno podría intensificar emociones negativas o exponer a contenido sensible, mientras que la interacción activa podría ofrecer soporte social. Sin embargo, los autores advierten que la relación puede ser bidireccional: la ideación suicida también podría impulsar ciertos patrones de uso. Entre las fortalezas destacan la granularidad de los datos y la diferenciación entre tipos de uso; entre las limitaciones, el tamaño reducido de la muestra y la falta de registro previo del protocolo. En conclusión, los resultados sugieren que los patrones específicos de uso nocturno del smartphone pueden actuar como biomarcadores digitales del riesgo suicida inminente. Esto abre la puerta a intervenciones “just-in-time” que no se basen en reducir el tiempo total de pantalla, sino en identificar momentos críticos y estilos de interacción. La investigación aporta una perspectiva innovadora para la prevención del suicidio en la era digital, donde la tecnología puede convertirse tanto en un riesgo como en una herramienta protectora.

E l estudio analiza cómo la presencia de vegetación en el entorno se relaciona con las hospitalizaciones por trastornos mentales en siete países, a lo largo de dos décadas. Los investigadores encontraron que vivir en áreas más verdes se asocia con una menor probabilidad de ingreso hospitalario por problemas psiquiátricos, especialmente en trastornos como el abuso de sustancias, psicosis y demencia. En promedio, un incremento en la vegetación se vinculó con una reducción cercana al 7 % en las hospitalizaciones, aunque el efecto varía según el país y el tipo de trastorno. Los beneficios fueron más evidentes en entornos urbanos, donde la falta de espacios verdes es más común. El estudio estima que aumentar la vegetación en ciudades podría evitar miles de ingresos hospitalarios cada año, lo que sugiere un impacto significativo en la salud pública. Sin embargo, también se observaron diferencias entre países: mientras Brasil, Chile y Tailandia mostraron efectos protectores consistentes, en Australia y Canadá hubo asociaciones menos claras e incluso adversas en algunos casos. La relación entre vegetación y salud mental parece ser estable, lo que indica que cualquier incremento en áreas verdes podría aportar beneficios. Aun así, los autores advierten que el estudio es observacional y no prueba causalidad, por lo que se requieren más investigaciones para entender cómo influyen factores como la calidad, accesibilidad y tipo de vegetación. En conclusión, el trabajo respalda la idea de que aumentar los espacios verdes no solo mejora el entorno urbano, sino que también puede ser una estrategia preventiva frente a ciertos trastornos mentales. Esto convierte la planificación urbana y la inversión en naturaleza en una herramienta potencial para reducir la carga de enfermedad mental, especialmente en ciudades densamente pobladas. Comentado en Diario Médico .