DESTACADO
NOTICIAS
La lactancia materna se asocia con múltiples beneficios para la salud física tanto de la madre como del bebé. Entre los beneficios para el bebé se incluyen la reducción de infecciones y el síndrome de muerte súbita del lactante durante el primer año de vida, así como un menor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida, en comparación con los bebés alimentados con fórmula En cuanto a la salud mental materna, se acepta que existe una relación entre la lactancia materna y los trastornos del estado de ánimo, en particular la depresión posparto. Dos revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes han confirmado una asociación entre la lactancia materna y la reducción de la depresión posparto, con un efecto más pronunciado en las madres que amamantan exclusivamente. Si bien la lactancia materna se asocia con una menor depresión y ansiedad posparto, la investigación sobre los resultados a largo plazo en la salud mental materna es limitada. Este estudio de cohorte longitudinal prospectivo de 10 años, realizado mediante cuestionarios autoadministrados, examinó la asociación entre la lactancia materna y la depresión y la ansiedad en mujeres en edad reproductiva avanzada (entre los 35 y los 40 años y la menopausia) La conclusión del estudio sugiere que lactancia materna puede estar asociada con una reducción del diagnóstico de depresión y ansiedad materna durante los 10 años posteriores. Esta asociación, no reportada previamente en este grupo de edad, refuerza la recomendación de que la lactancia materna es el método óptimo de alimentación infantil, tanto para la madre como para el bebé. Se requieren más estudios para explorar los posibles beneficios para las mujeres embarazadas con antecedentes de ansiedad y depresión.
A partir de una reciente doctrina del Tribunal Supremo, el texto expone cómo determinadas prácticas tradicionalmente reprobables en el ámbito educativo no siempre alcanzan relevancia penal, pese a su evidente reproche ético y administrativo. El Alto Tribunal considera que un examen universitario no puede calificarse como “documento oficial” a efectos penales , ya que carece de los requisitos formales exigidos por la jurisprudencia. Además, subraya que la conducta enjuiciada no produjo un perjuicio real a terceros ni alcanzó una gravedad suficiente como para justificar la sanción penal, optándose así por la interpretación más favorable para la autora de los hechos. A partir de este precedente, el artículo traslada el razonamiento al examen MIR y a otros procesos selectivos similares (EIR, PIR, etc.). Según la interpretación del abogado consultado, es altamente probable que el Tribunal Supremo aplicase un criterio análogo en caso de fraude durante estas pruebas MIR, pese a su integración en un procedimiento administrativo. La clave radicaría, de nuevo, en la consideración de que el examen no constituye un documento oficial penalmente relevante y en la inexistencia de un daño directo a terceros, lo que alejaría la tipificación del delito de falsedad documental. Las consecuencias de copiar en el MIR existirían, pero quedarían circunscritas al plano administrativo: expulsión inmediata del proceso selectivo, posible anulación de la convocatoria y, en casos graves, inhabilitación para futuras pruebas. Desde esta perspectiva, una condena penal supondría un castigo desproporcionado y redundante, al añadirse a sanciones administrativas ya severas. Finalmente, el artículo matiza que existen conductas que sí podrían tener relevancia penal, como la suplantación de identidad o el robo del examen, por implicar un nivel de lesividad y fraude cualitativamente distinto.
El artículo hace una revisión sistemática de la evidencia disponible sobre la relación entre el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y la suicidabilidad en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor (TDM), en el contexto posterior a la advertencia de “caja negra” emitida por la FDA en 2004. Dicha advertencia supuso un punto de inflexión en la prescripción de antidepresivos en población pediátrica, al alertar sobre un posible incremento del riesgo de ideación y conducta suicida en menores de 18 años tratados con estos fármacos. El objetivo principal fue evaluar si la evidencia posterior a la advertencia de la FDA apoya una asociación causal entre el tratamiento con ISRS y el aumento de la suicidabilidad en población infantil y adolescente. Los resultados muestran un patrón complejo y no uniforme. Los estudios observacionales identificaron un aumento pequeño pero cuantificable del riesgo de suicidabilidad asociado al uso de ISRS, especialmente durante las fases iniciales del tratamiento. Este hallazgo subraya la importancia de una vigilancia clínica estrecha en las primeras semanas tras el inicio del fármaco. Por su parte, los ensayos clínicos aleatorizados ofrecieron resultados mixtos: dos estudios señalaron un mayor riesgo de suicidabilidad emergente con la monoterapia farmacológica frente a la terapia cognitivo-conductual (TCC) o al tratamiento combinado, mientras que otros dos ensayos no encontraron una asociación estadísticamente significativa entre los ISRS y la conducta suicida. Un hallazgo transversal del conjunto de estudios es que la combinación de ISRS con psicoterapia, particularmente la TCC, se asocia a mejores resultados clínicos y a menores tasas de suicidabilidad que la monoterapia. Esto sugiere que el abordaje multimodal puede mitigar parte de los riesgos identificados. En conjunto, el artículo concluye que el tratamiento con ISRS en niños y adolescentes con TDM se asocia a un aumento leve pero relevante del riesgo de suicidabilidad, especialmente al inicio del tratamiento, lo que refuerza la necesidad de una evaluación cuidadosa del riesgo-beneficio, un seguimiento clínico estrecho y la integración sistemática de intervenciones psicoterapéuticas.
Artículo en el diario El Mundo que aborda el duelo de los supervivientes de víctimas de suicidio . Entrevista a Carlos Soto que perdió a su hija Ariadna en 2015 cuando esta tenía 18 años y ahora dirige grupos de autoayuda con supervivientes del suicidio y a Mercedes Navío, médico psiquiatra y responsable de la Oficina de Salud Mental de Madrid. Hablan del estigma, de la prevención y de la esperanza. "La culpa no se nos va a quitar nunca".
A partir de los datos del Estudio sobre Demografía Médica 2025 de la Organización Médica Colegial (OMC), se describe un escenario preocupante: en la actualidad, el 36% de los médicos en activo supera los 55 años, lo que anticipa que más de un tercio se jubilará en la próxima década . Esta tendencia no afecta de manera homogénea a todas las especialidades, sino que se concentra especialmente en aquellas con menor renovación y, en algunos casos, en proceso de desaparición o reconversión. Entre las especialidades más envejecidas destaca Medicina Legal y Forense, que encabeza el ránking con una previsión cercana al 60 % de jubilaciones en los próximos 10 años.. Le siguen Medicina del Trabajo y, a cierta distancia, Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos, ambas abocadas además a su integración futura en una nueva especialidad unificada denominada Laboratorio Clínico. El artículo subraya que estas disciplinas comparten no solo una elevada edad media de sus profesionales, sino también una reducida capacidad de atracción de nuevos especialistas. Otras áreas, como Medicina Preventiva y Salud Pública o Microbiología y Parasitología, presentan porcentajes de jubilación relevantes, aunque menos extremos, mientras que especialidades más recientes —como Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Oncología Médica o Neurocirugía— mantienen plantillas comparativamente jóvenes y previsiones de relevo más favorables. El texto también aborda las desigualdades territoriales del envejecimiento médico, señalando a comunidades como Asturias, Aragón, Galicia y Castilla y León entre las más afectadas, frente a Madrid y las zonas insulares, donde el perfil etario resulta más joven. Finalmente, se enfatiza la importancia de la tasa de reposición y se advierte de la necesidad urgente de planificar la oferta de plazas MIR conforme a estas proyecciones demográficas, con el fin de evitar déficits asistenciales en especialidades y territorios críticos.
Tras una revisión de seguridad exhaustiva realizada por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de Reino Unido, se están reforzando las advertencias en los envases y los prospectos de información para el paciente de los gabapentinoides, las benzodiazepinas y los medicamentos Z para informar mejor a los pacientes y a los profesionales sanitarios sobre los riesgos de dependencia, adicción, abstinencia y tolerancia. Estos medicamentos, que se recetan comúnmente para tratar diversas afecciones, como el dolor neuropático, la ansiedad y el insomnio, ahora llevarán la advertencia «Puede causar adicción, dependencia y síntomas de abstinencia». Los folletos informativos para el paciente incluirán definiciones más claras de dependencia y adicción, mejores directrices sobre cómo reducir y suspender el consumo de forma segura, e información para fomentar el diálogo entre pacientes y profesionales sanitarios durante su tratamiento. Como parte de la revisión, la Comisión de Medicamentos de Uso Humano (CHM) consideró necesario reforzar las advertencias sobre los riesgos conocidos asociados a estos medicamentos. Además de los cambios en el empaque y la información del producto, la CHM apoyó el desarrollo de nuevos recursos para pacientes que destacan mensajes clave de seguridad, incluyendo advertencias sobre no usar estos medicamentos con opioides o alcohol, y no compartir medicamentos con otras personas. El CHM también recomendó mantener la colaboración con las partes interesadas en el ámbito sanitario para apoyar la formación profesional y el desarrollo de más recursos.
Apertura de una investigación policial tras el fallecimiento de un menor de nueve años , en la localidad valenciana de Sagunto durante la madrugada de Navidad, que se precipitó desde la ventana de una vivienda situada en un séptimo piso, en circunstancias que han llevado a las autoridades a considerar la hipótesis del suicidio, sin descartar inicialmente otras posibilidades. Los hechos tuvieron lugar en el domicilio del padre del niño, donde pasaba las festividades navideñas acompañado por su padre, la pareja de este y una hermanastra. La velada de Nochebuena transcurrió con normalidad, sin que constaran discusiones ni conflictos previos, y el menor se fue a dormir aparentemente en un estado emocional estable, incluso ilusionado por la celebración de la Navidad. Horas más tarde, ya de madrugada, los adultos advirtieron su ausencia y, tras una búsqueda infructuosa por la vivienda, se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida. Las primeras actuaciones policiales, en las que intervinieron la Policía Nacional, la Policía Local y un médico forense, descartaron indicios de criminalidad o violencia ejercida por terceros. La investigación quedó a cargo de unidades especializadas en familia y menores, que centran ahora sus diligencias en esclarecer de manera exhaustiva las circunstancias del fallecimiento, dadas la corta edad de la víctima y la excepcionalidad del caso. En este contexto, se analiza el entorno personal y digital del menor para determinar si pudo existir algún tipo de influencia externa o inducción.
Artículo de opinión que reflexiona sobre el papel que la psiquiatría debería asumir frente a la obesidad. El autor parte de la observación de que, aunque los psiquiatras tratan de manera habitual los factores emocionales, cognitivos y conductuales que contribuyen al aumento de peso —como los trastornos del estado de ánimo, el trauma, la impulsividad o los patrones disfuncionales de recompensa—, la psiquiatría rara vez se posiciona de manera formal en el tratamiento de la obesidad. El texto sostiene que los avances en neurociencia refuerzan la idea de que la obesidad posee una base cerebral significativa. Estudios de neuroimagen han identificado alteraciones en circuitos relacionados con la regulación del apetito, la recompensa y el control inhibitorio, áreas que coinciden con dominios clásicos de la práctica psiquiátrica. Asimismo, factores como el estrés crónico, la adversidad temprana, la privación de sueño y ciertas psicopatologías influyen de forma decisiva en estos circuitos, configurando una vulnerabilidad bioconductual al aumento de peso y a la recaída. Propone reformular el concepto de la obesidad como un trastorno con fundamentos neurobiológicos. Esta perspectiva no niega la responsabilidad personal ni los determinantes sociales y ambientales, sino que busca explicar por qué el mantenimiento de la pérdida de peso resulta tan difícil y por qué la recaída es frecuente. Desde esta óptica, la comprensión cerebral de la obesidad podría contribuir a reducir el estigma y la autoinculpación. En conjunto, el artículo invita a la psiquiatría a participar de manera más intencional y reflexiva en el cuidado de la obesidad, sin reclamar exclusividad, pero sin permanecer al margen de un problema cada vez más centrado en el cerebro.
La anhedonia es un concepto multidimensional, y se desconoce qué aspectos de ella se relacionan con la heterogeneidad de las respuestas al tratamiento en el trastorno depresivo mayor (TDM). El artículo examina el papel de las dimensiones de la anhedonia (relacionada con las actividades de ocio, la alimentación, la socialización y la sensorial) en la predicción de la respuesta a la medicación antidepresiva y la farmacoterapia complementaria. El estudio se enmarca en el proyecto CAN-BIND-1 e incluye a 187 adultos con diagnóstico de TDM. Antes de iniciar el tratamiento, los participantes fueron evaluados mediante dos instrumentos estandarizados de anhedonia: la Dimensional Anhedonia Rating Scale (DARS), que discrimina entre dominios como aficiones, alimentación, interacción social y experiencias sensoriales, y la Snaith–Hamilton Pleasure Scale (SHAPS). Todos los pacientes recibieron inicialmente escitalopram durante ocho semanas. Aquellos que no alcanzaron una respuesta clínica adecuada pasaron a recibir aripiprazol como tratamiento adyuvante durante un período adicional de ocho semanas. La evolución clínica se midió mediante el cambio en la puntuación de la Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Resultados: la anhedonia sensorial se asoció con una respuesta deficiente a la monoterapia con antidepresivos serotoninérgicos. La anhedonia alimentaria y social se asoció con una respuesta deficiente al tratamiento dopaminérgico adyuvante. Conclusiones La incapacidad para disfrutar de las experiencias sensoriales y la falta de interés en la comida y las actividades sociales predicen claramente los resultados de la farmacoterapia serotoninérgica frente a la dopaminérgica. Estos hallazgos requieren replicación y extensión a otros tratamientos.
La Sala Social del TSJ de Extremadura ha condenado al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar a una médica agredida por falta de medidas de prevención de riesgos. La sentencia es importante para la protección de los profesionales sanitarios frente a las agresiones, al poner el foco no solo en la responsabilidad del agresor, sino también en el incumplimiento de la Administración sanitaria de sus deberes en materia de prevención de riesgos laborales. A partir de esta sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se pone de relieve una vía jurídica que permite exigir responsabilidades al sistema cuando no se han adoptado medidas adecuadas para proteger a su personal (exigencia de medios). El caso concreto se refiere a una médica de atención primaria del Centro de Salud Urbano I de Mérida que fue víctima de una agresión verbal por parte de un paciente en enero de 2022, en el contexto de la aplicación de los protocolos vigentes sobre pruebas diagnósticas de covid-19. Tras ser insultada públicamente en el propio centro sanitario, los tribunales penales reconocieron los hechos y otorgaron una primera indemnización. No obstante, la facultativa decidió ir más allá y demandar al Servicio Extremeño de Salud por vulneración de su derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al no existir un plan de prevención de riesgos ni medidas disuasorias eficaces frente a las agresiones. La sentencia destaca que la demandante, en su condición de coordinadora del centro durante varios años, había advertido reiteradamente a la Administración sobre la elevada conflictividad del entorno laboral, sin que se adoptaran medidas correctoras. Esta inacción fundamenta la condena al SES, al apreciarse una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, que da lugar a una indemnización de 10.000 euros. Más allá de la cuantía económica, el texto subraya el valor simbólico y preventivo de este tipo de resoluciones, pues visibilizan el incumplimiento legal de la Administración y refuerzan la idea de que la jurisdicción social, a la que estos conflictos acceden desde 2011, constituye un cauce más ágil y favorable para la tutela de los derechos de los profesionales sanitarios (a diferencia de la via contencioso-administrativa donde estaba antes este tipo de demandas).
