El pasado 29 de junio de 2023 se celebró en Madrid el examen extraordinario para acceder al título de especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, una nueva especialidad creada por el Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto. La prueba, que consistía en el análisis de tres casos clínicos, se presentaba como una oportunidad para los psiquiatras que no cumplían el requisito de haber trabajado al menos cuatro años en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil en los siete años anteriores a la entrada en vigor del decreto.
Sin embargo, lo que parecía una vía de acceso al reconocimiento profesional se ha convertido en un motivo de indignación y protesta para la mayoría de los aspirantes, que han denunciado las irregularidades, dificultades y sesgos del examen, que habría dejado fuera a gran parte de los candidatos.
Según las encuestas realizadas entre las personas examinadas, la mayoría habría suspendido por no superar el tercer caso clínico, que contenía preguntas impugnables y sin reserva. Además, muchos de los aspirantes han criticado las condiciones en las que se realizó la prueba, con plazos muy ajustados, sedes centralizadas, falta de adaptación a situaciones especiales y escasa información previa.
Ante esta situación, varias asociaciones y sociedades científicas relacionadas con la psiquiatría infantil y adolescente han emitido comunicados expresando su malestar y su preocupación por las consecuencias que este examen puede tener para la salud mental de los niños y adolescentes en España, así como para la formación y el ejercicio de los profesionales que se dedican a este campo.
La Junta de SEPYPNA (Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente), una de las entidades impulsoras de la creación de la especialidad, ha manifestado que la alegría por el logro conseguido tras años de trabajo se ha visto “sombriamente empañada” por la dificultad de los psiquiatras más jóvenes para acceder al título. La Junta considera que la información preliminar sobre los resultados de la prueba es “muy alarmante” y que, si se confirma, tiene que llevar a reconsiderar qué aspectos podrían mejorarse para que la misma pueda cumplir el objetivo para el que fue creada. Asimismo, se ofrece a colaborar con el Ministerio de Sanidad para buscar soluciones a esta situación, que cree que perjudicaría enormemente no solo a una gran cantidad de profesionales valiosos, sino a la viabilidad y calidad de la atención psiquiátrica de niños y adolescentes en nuestro país.
La AEN-PSM (Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental), desde su Sección de Infancia y Adolescencia, también ha mostrado su desconcierto y alerta ante la situación generada tanto en el proceso de convocatoria del examen como en su práctica. La asociación celebra que desde el Ministerio se dé importancia a la salud mental infanto-juvenil, pero muestra su sorpresa por las trabas que se han puesto para que estos dispositivos puedan tener una adecuada y mejor dotación, así como por la falta de vías alternativas al examen. La AEN-PSM aprecia que la prueba ha sido especialmente exigente y confusa, y que ha tenido un sesgo hacia una formación muy biomédica, lo que puede ser un empobrecimiento para esta especialidad. La asociación solicita al Ministerio que escuche las quejas que se están haciendo en relación con el examen y el itinerario de reconocimiento de la especialidad, y que tenga en consideración todas estas cuestiones y habilite una alternativa.
Estos comunicados se suman a otras voces críticas que han surgido desde diferentes ámbitos profesionales y académicos, que han cuestionado tanto el diseño como el contenido del examen. Algunos expertos han señalado que la prueba no refleja adecuadamente las competencias necesarias para el ejercicio de la psiquiatría infantil y adolescente, sino que se basa en un modelo reduccionista y centrado en la prescripción, que ignora la complejidad y la diversidad de los problemas de salud mental de esta población. Otros han apuntado que el examen no ha tenido en cuenta la realidad asistencial y formativa de los psiquiatras que se han presentado, que han demostrado su interés y su experiencia en este campo, y que se han visto obligados a prepararse en condiciones muy desfavorables. También se ha denunciado la falta de transparencia y de participación de los agentes implicados en el proceso, así como la posible arbitrariedad e injusticia de los criterios de evaluación.
Algunas asociaciones muy implicadas con la creación de la especialidad han transmitido, de forma privada, al Ministerio su preocupación por la situación planteada, exigiendo una solución. Han planteado que no se puede discriminar a un gran colectivo de psiquiatras jóvenes, y sobradamente preparados, en su desarrollo profesional.
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad aún no ha publicado los resultados oficiales del examen, ni ha respondido a las reclamaciones y sugerencias que le han llegado desde diferentes sectores. Tampoco ha aclarado cuál será el futuro de los psiquiatras que no hayan obtenido el título, ni cómo se garantizará la calidad y la continuidad de la atención a los niños y adolescentes con problemas de salud mental en España.
El examen extraordinario para acceder a la especialidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente se ha convertido, así, en el examen de la discordia, que ha generado un profundo malestar y una gran incertidumbre entre los profesionales que se dedican a este ámbito. Lejos de ser una oportunidad para mejorar la formación y el reconocimiento de los psiquiatras infantiles, la prueba ha supuesto un obstáculo y un desafío para muchos de ellos, que se sienten defraudados y desprotegidos por el sistema. La situación plantea, además, un grave problema para la salud mental infanto-juvenil en España, que necesita contar con un número suficiente de especialistas cualificados y motivados para atender las necesidades crecientes y complejas de esta población. El examen extraordinario ha puesto en evidencia las carencias y las contradicciones del modelo actual de formación y acreditación en psiquiatría infantil y adolescente, y ha abierto un debate sobre la necesidad de revisar y mejorar el mismo, con la participación activa y el consenso de todos los agentes implicados.
Más información sobre este caso en los episodios 16 y 17 de nuestro podcast y en este enlace de nuestra web.
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