Ingreso involuntario en embarazo de riesgo: sentencia del Tribunal Constitucional

Análisis detallado del caso en el podcast de la SEPL (acceso aquí)

El Tribunal Constitucional acaba de publicar dos sentencias relacionadas con un mismo caso que se produjo en el Hospital Universitario Central de Asturias. Se trata de una mujer que está embarazada de 42 semanas y tres días y le recomiendan ingresar para monitorizar el feto y valorar la posibilidad de inducir el parto. La mujer se niega y dice que prefiere un parto domiciliario, y ya ha contratado a una matrona que la ayudará en todo el proceso.

Ante la situación planteada el Hospital informa al Juzgado de Guardia y pide que se proceda a un ingreso hospitalario por orden judicial. La mujer es ingresada, el parto de complica y es necesaria una cesárea de urgencia. La madre y el bebé están bien. Días después se inicia un complicado pleito que termina en el Tribunal Constitucional. Este órgano dicta dos sentencias ratificando las decisiones del Juzgado de Guardia. La mujer se queja de que ha sufrido tratos inhumanos y degradantes, y que se ha vulnerado su derecho a la libertad y a la intimidad al no haber podido tener un parto domiciliario.

En las dos sentencias encontramos votos particulares de una magistrada que considera que la mujer tiene razón que se debía haber analizado el caso con perspectiva de género. En su opinión los derechos de la madre priman sobre cualquier otra consideración. Las sentencias son accesibles en el BOE. La primera sentencia analiza si fue o no constitucional el ingreso en contra de la voluntad. La segunda sentencia analiza si se respeto el consentimiento de la mujer en los diferentes procedimientos a los que fue sometida durante el ingreso. Aunque no hay patología psiquiátrica en la mujer, en la sentencia se recoge texto de un informe pericial psiquiátrico en el que se señala el grave trauma sufrido por la mujer al haber sido ingresada en contra de us voluntad, y por el trato recibido. El Tribunal Constitucional se alinea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que el derecho de la mujer embarazada a decidir cómo ha de ser su embarazo tiene sus límites cuando se pone en peligro de la vida del "nasciturus" (feto)