El artículo analiza la efectividad de las denuncias por violencia de género en España desde la implementación de la Ley Integral de Violencia de Género en 2004. Según el artículo, de las 2.679.446 denuncias presentadas, solo 598.694 han resultado en condenas, lo que representa un 22,3% del total.
El artículo menciona que el 77,7% de los casos terminan en absolución, lo que algunos atribuyen a la necesidad de pruebas contundentes para condenar a los acusados. La abogada penalista Paula Fraga señala que el sistema judicial español es garantista y no condena sin pruebas fehacientes. Por otro lado, Juanma Melgar, portavoz de la Fundación Para la Defensa de los Hombres Maltratados, sugiere que muchos hombres aceptan condenas por conformidad para evitar penas mayores, lo que podría inflar las cifras de condenas. Además considera que hay un gran número de denuncias falsas que no se persiguen.
La abogada Yobana Carril añade que algunos acusados aceptan condenas menores para evitar riesgos mayores, lo que refleja una desconfianza en el sistema judicial y que entre un 75% y un 80% de los hombres que se suicidan estaban inmersos en un proceso de divorcio viciado por la Ley Integral de Violencia de Género. «No es tanto por el divorcio en sí. La mayoría de casos son de hombres que llevan años sin ver a sus hijos. Algunos de ellos no saben ni dónde están», explica.
En resumen, el artículo plantea un debate sobre la eficacia y justicia del sistema de denuncias por violencia de género en España, con opiniones divididas sobre si las absoluciones se deben a la falta de pruebas o a la existencia de denuncias infundadas.
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