El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres ha analizado un tema controvertido, el de la competencia de las Administraciones -central o autonómica- en la gestión de la crisis del Covid en las residencias de mayores, y en consecuencia a la posible responsabilidad patrimonial en caso de prestación defectuosa del servicio sanitario en aquellos momentos.
El caso es el de una mujer ingresada en una residencia que falleció por covid durante la pandemia y la familia reclama una responsabilidad patrimonial a la comunidad autónoma.
El Juzgado considera que la Administración Autonómica no era competente en aquellos momentos ya que en esas fechas se había decretado el estado de alarma y la autoridad competente era el Gobierno. Además, todas las autoridades civiles sanitarias quedaron bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad y por tanto, la efectiva gestión de los centros de mayores quedó excluida de la competencia de las administraciones autonómicas durante el periodo de alarma.
La sentencia no es firme al caber recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia extremeño.
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