La reinserción de las personas con trastorno mental grave que cumplen condena en España continúa siendo un proceso muy limitado por la falta de recursos y la escasa coordinación entre los sistemas sanitario y penitenciario. Según José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), entre un 4 y un 5 % de los internos —unos 3.000— presentan patologías graves como esquizofrenia, psicosis, trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad. Muchos llegan a prisión sin que su enfermedad haya sido detectada previamente por el sistema judicial.
Dentro de las cárceles, programas como el Programa de Atención Integral al Enfermo Mental (Payem) buscan diagnosticar, estabilizar y favorecer la adherencia terapéutica, pero la escasez de médicos, psiquiatras, psicólogos y personal de enfermería dificulta un seguimiento adecuado. España dispone además de solo dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, en Sevilla y Alicante, con unas 500 plazas, mientras más de 2.500 personas con trastornos graves permanecen en prisiones ordinarias.
El principal problema aparece en la continuidad asistencial. Al entrar o salir de prisión se produce una ruptura entre los servicios penitenciarios y la sanidad pública, salvo en Cataluña, donde ambos sistemas están integrados. Para la SESP, las cárceles están asumiendo funciones similares a los antiguos manicomios. La solución pasa por integrar plenamente la sanidad penitenciaria en el sistema público, reforzar los recursos comunitarios y garantizar un seguimiento continuado que favorezca una verdadera reinserción. (Redacción Médica)










